Raúl Olmos, periodista especializado en redes de corrupción y autor del libro Huachicol fiscal. La madre de todas las estafas, aseguró que el esquema de contrabando y evasión fiscal relacionado con combustibles fue conocido y tolerado por autoridades federales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pese a que, afirmó, existían diagnósticos precisos sobre las empresas, aduanas y mecanismos utilizados para operar la red.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, afirmó que uno de los episodios más representativos del nivel de contradicción dentro del gobierno federal fue la contratación de una empresa vinculada con Sergio Carmona Angulo, identificado como “el rey del huachicol”, por parte de una filial de Pemex encargada justamente de combatir el robo de combustibles.
“AMLO contrató al rey del huachicol para combatir el huachicol”, declaró el periodista al explicar que la empresa IIS Servicios -filial de Pemex responsable de administrar las 500 pipas adquiridas tras el cierre de ductos en 2019- otorgó contratos a una compañía ligada a Carmona.
Según detalló, obtuvo comprobantes fiscales que muestran que en 2021 esa filial de Pemex “le pagó al menos 22 millones de pesos al rey del huachicol”. Los pagos, añadió, ocurrieron meses antes del asesinato de Carmona en noviembre de ese año en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Olmos recordó además que el hermano de Sergio Carmona estuvo al frente de una aduana en Tamaulipas, en un periodo en el que las pipas eran administradas por la empresa filial de Pemex.
El periodista sostuvo que el gobierno federal conocía ampliamente la operación del llamado huachicol fiscal y que incluso existían reuniones periódicas de distintas dependencias para dar seguimiento al fenómeno.
“Tenían un diagnóstico preciso, muy detallado, de por qué aduanas entraba, qué empresas estaban involucradas, cuál era el mecanismo que se utilizaba y a pesar de ello no intervinieron”, afirmó.
Agregó que funcionarios federales se reunían semanalmente tanto en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional como en la entonces Secretaría de Seguridad Pública, en Constituyentes, donde revisaban información sobre volúmenes de combustible introducidos ilegalmente al país y el monto de los impuestos evadidos.
“La realidad la tenían y además sabían incluso los volúmenes, sabían cuál era el volumen que le estaban robando al Estado en combustible y en impuestos”, señaló.
Por ello, consideró “un acto de cinismo absoluto” que autoridades federales presentaran en marzo de 2025 un decomiso histórico de combustible ilegal, cuando, dijo, las dependencias ya contaban con información completa sobre la operación de estas redes.
